La Promesa y Peligros de la nueva Ley de Derecho al Voto (VRA)
Para los estudiosos de la legislación, la historia legislativa de la reautorización 2006 debe ser visto como poco menos que sin precedentes. Los estudiosos en este campo están familiarizados con ejemplos y debates de post-promulgación historia legislativa. Sin embargo, nunca antes (por lo que yo puedo suponer) tiene la particular confluencia de acontecimientos que rodeaban ocurrió la reautorización 2006. Un proyecto de ley apoyado por unanimidad en el Senado y con poca oposición en la Cámara se convirtió en objeto de debate concertada en un post-aprobación Informe del Senado Comité Judicial presentada con el apoyo de los miembros de un solo partido. Más al punto, el informe del Senado sirve para socavar la constitucionalidad del proyecto de ley apoyado por unanimidad, así como proferir una interpretación particular de su disposición central que no habrían recibido apoyo bipartidista.
Para los estudiosos del derecho constitucional, el artículo describe la situación casi imposible que el Congreso se encontraba en debido a las limitaciones doctrinales y políticos. Estas restricciones impidieron que el Congreso de alterar el alcance geográfico de la sección 5 del VRA
(que requiere que las jurisdicciones cubiertas para obtener la preautorización federal antes de modificar sus procedimientos de votación) para incluir la nueva generación de violadores de los derechos de voto. La prueba de “congruencia y proporcionalidad” para determinar cuando el Congreso ha superado sus Decimocuarta Enmienda facultades de ejecución simplemente no contempla una situación como la que existe con esta ley. En primer lugar, si la ley está funcionando según lo previsto, se evitará que la elaboración de un expediente que mejor apoyar su constitucionalidad. En la mayoría de casos, el Congreso debe demostrar un patrón de violaciónes constitucionales que el proyecto de ley propuesto remediar o prevenir. En este caso, si la ley actúa como un medio eficaz de disuasión, tales violaciónes no deben ser de origen u observado. En segundo lugar, dado que la ley se aplica a algunas jurisdicciones pero no en otros, la ausencia de diferencias en los registros de los derechos de voto de las jurisdicciones cubiertas y no cubiertos podría sugerir ya sea que la ley está funcionando según lo previsto o que ha dejado de ser útil. Ante este dilema, el Congreso se centró en la evidencia de violaciónes de los derechos de voto en las jurisdicciones cubiertas sin intentar distinguirlos de las jurisdicciones no cubiertos. A pesar de las deficiencias de la legislación y su alcance geográfico fueron ampliamente reconocidos, jugando con su arquitectura básica era políticamente imposible y constitucionalmente arriesgado. Mejor quedarse con una ley que la Corte había sostenido anteriormente y que cubren jurisdicciones habían llegado a aceptar, en lugar de apostar por un régimen sin stare decisis y se establecieron las expectativas regulatorias en su lado.
Por último, para los estudiosos la ley electoral, el artículo intenta interpretar la principal innovación de la ley: la nueva norma, el retroceso críptico que impide leyes, como los planes de redistribución de distritos, que
“disminuye [] la capacidad” de las minorías “para elegir a sus candidatos preferidos de elección. “ Las interpretaciones posibles de la ley ejecutar la gama de afianzar divide discriminatoriamente ya sea republicano o demócrata.La norma podría significar, por ejemplo, que un plan de reducción de las posibilidades de reelección de los candidatos demócratas ahora es ilegal, dado que las minorías tienden a favorecer a los demócratas. O podría prohibir la entrada en vigor de los planes que reducen las posibilidades de que la elección de candidatos minoritarios. O puede significar, como el Informe del Senado sugirió, que ningún plan puede eliminar “distritos de origen natural que tienen una clara mayoría de votantes de las minorías.” Cada una de estas interpretaciones cae presa de las acusaciones de parcialidad partidista o esencialismo racial.
Para evitar estos escollos y para evitar la congelación del distrito porcentajes raciales para los próximos veinticinco años, la ley debe ser leído como la prevención de los planes que reducen la probabilidad agregada a través de los distritos de la elección de candidatos favorecidos por las minorías raciales y desfavorecidos por los blancos. Para evitar la dificultad constitucional y el sesgo partidista y esencialismo racial de alternativas, análisis de la votación en bloque racial debe formar el núcleo de la nueva norma retroceso. Como la polarización racial en las jurisdicciones cubiertas declina, la nueva ley debe ser lo suficientemente flexible como para evitar forzar jurisdicciones para empacar los votantes minoritarios en distritos que, con el tiempo, la voluntad ellos realmente desventaja.